Educación ambiental integral en Argentina. Del problema público a la sanción de la Ley 27.621

Resumen

La educación ambiental (EA) es un campo de formación relativamente reciente que ha sido robustecido por aportes provenientes de diversas disciplinas, iniciativas institucionales y políticas públicas. Este corpus da cuenta de aportes relevantes para comprender la evolución conceptual y pedagógica de la EA. Sin embargo, existe una vacancia analítica en torno a los procesos políticos, normativos e institucionales que condujeron a la sanción de la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral (EAI). Este artículo analiza el proceso mediante el cual la EAI fue construida como un problema público prioritario y se institucionalizó jurídicamente en la Argentina a partir de la sanción de la Ley 27.621 en 2021. Para ello, se reconstruye el marco normativo e institucional previo que configuró las condiciones de posibilidad para su aprobación. El marco teórico articula tres perspectivas: el enfoque de los problemas públicos y la agenda gubernamental de Aguilar Villanueva, el institucionalismo histórico y la teoría de la juridificación de la cuestión ambiental de Antonio Azuela. A partir de estos enfoques se examina cómo el debate legislativo construyó discursivamente la educación ambiental
como respuesta a la crisis ecológica global, en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19 y por la creciente visibilidad del cambio climático y los conflictos socioambientales. El estudio adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis documental de proyectos legislativos, dictámenes de comisión y diarios de sesiones parlamentarias, complementado con aportes doctrinales. Los resultados muestran que la Ley 27.621 se inscribe en una trayectoria normativa previa, pero al mismo tiempo amplía el alcance de la política ambiental mediante la institucionalización de una estrategia nacional de EAI y la incorporación de nuevos enfoques y principios. Finalmente, el trabajo reflexiona sobre las expectativas normativas depositadas en esta política pública y sobre los desafíos de su implementación efectiva en un sistema federal, señalando que su consolidación dependerá del grado de articulación institucional y de su capacidad para incidir en las prácticas educativas y sociales.